La policía destapó además un detallado plan para asesinar al presidente Lula da Silva con el uso de militares de élite, armamento de guerra y agentes químicos, de acuerdo con los documentos desclasificados.

Entre los documentos desclasificados se descubrió la posibilidad de asesinar al presidente electo y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Los implicados admitieron haber considerado «el envenenamiento o el uso de agentes químicos para provocar un colapso orgánico, teniendo en cuenta su vulnerable estado de salud y sus frecuentes visitas al hospital» para ejecutar a Lula.

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El expresidente brasileño en entrevista con el portal UOL admitió que consideró la posibilidad de aprobar un decreto para ordenar una intervención militar en el año 2022, el cual finalmente no se llevó a cabo. De acuerdo con el ultraderechista, la medida se habría amparado en la Constitución del país.

Bolsonaro defendió que se trataba de medidas legales, pero que no descarta la posibilidad de refugiarse en una embajada si se ordena una detención en su contra, pues sería, en sus palabras, una «arbitrariedad» por parte de la Corte Suprema.

El político admitió algunas de las opciones contenidas en el plan, como la instauración del estado de sitio y la orden de un despliegue militar, según Bolsonaro, amparados por la Carta Magna, pretexto con el cual pretende refugiarse de la justicia: «Corro riego, sin deber nada», dijo a UOL.

El decreto en cuestión fue encontrado por la policía en la residencia de un exministro bolsonarista, y pretendía ordenar un despliegue militar a fin de «restaurar el orden constitucional». La intervención militar se justificaba con el argumento de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral habrían tomado decisiones inconstitucionales respecto a las elecciones que ganó da Silva.

Pese a ello, el expresidente afirma haber tramado un golpe de Estado y dice no conocer los planes puestos en práctica por parte de determinados militares para ejecutar el magnicidio y el asesinato del juez Alexandre de Moraes.

Por demás, asegura que mantiene la intención de postularse para las elecciones de 2026, a pesar de ya haber sido inhabilitado para el cargo pues deslegitimó las instituciones democráticas y sembró sospechas infundadas sobre el proceso electoral del año 2022.

Sobre el plan, cabe destacar que la policía halló una lista con el equipamiento necesario para llevarlo adelante en un pendrive perteneciente a uno de los involucrados bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades brasileñas señalan al entonces secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia, Mario Fernandes como cerebro del plan.

Trasciende además que las acciones se prepararon en despachos y calles de Brasilia y el objetivo era ejecutarlo el día 15 de diciembre de 2022. Los ejecutores serían un grupo de «kids pretos» (chicos negros), fuerza de élite del Ejército brasileño, nombrados así por su uso de pasamontañas negros.

El magnicidio se organizó entre los meses de noviembre y diciembre de 2022 y entre los planes también estaba el asesinato del actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.

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